Transparencia

Contrataciones desconoce si se sancionaron funcionarios que contrataron artistas por RD$55.6 millones

  • La entidad presentó anteproyecto para modificar la Ley de Compras con el fin de que la población lo observe
Santo Domingo
La subdirectora de la DGCP, Ruth Henríquez; el director de la entidad, Carlos Pimentel, y la subdirectora Crystal Fiallo. (Fuente externa)

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no conoce la decisión que ha tomado el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) sobre las recomendaciones que le hizo a la entidad, mediante una resolución, de identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la contratación de 54 artistas en diciembre pasado, por más de RD$55.6 millones, sin cumplirse el debido proceso y en violación a la ley.

“Hemos emitido esa resolución, y en los actuales momentos no tenemos información con relación a la decisión que la entidad debe de tomar y que están establecidas en esa resolución”, dijo hoy Pimentel durante una rueda de prensa en la que presentó el Anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas.

Entre las sanciones que la DGCP identificó en la resolución RIC-74-2021, emitida el 7 de abril, están la amonestación escrita, la suspensión sin goce de salario hasta por seis meses, el despido sin responsabilidad patronal o el sometimiento a la justicia.

La DGCP determinó que hubo “graves irregularidades” en la contratación de los artistas del género urbano, merengue y otros, principalmente en la omisión de la publicidad del procedimiento de excepción en el Portal Transaccional.

Ante el cuestionamiento de la prensa sobre el porqué la DGCP no atribuyó alguna responsabilidad directa al titular de la institución, Francisco (Tony) Peña Guaba, Pimentel respondió: “La resolución tiene en sí misma todas las motivaciones, todas las violaciones y otras recomendaciones que no son solamente esas. No obstante, hay que decir... que la Ley 340 tiene limitaciones para nosotros poder abordar las violaciones y las inconductas vinculadas a las contrataciones”.

“Por esa razón y por otra estamos presentando un anteproyecto que permita fortalecer el sistema de sanciones y el sistema de consecuencia que debe primar en el sistema de contrataciones públicas”, agregó.

La DGCP presentó hoy el Anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas con el fin de que durante los próximos 25 días la población y entidades puedan conocerlo accediendo al portal nuevaleydecompras.dgcp.gob.do, y hacer también sus observaciones. Una vez que se complete esta fase, se presentará a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Entre los cambios que trae este anteproyecto, para modificar la ley vigente desde 2006, están la inclusión de sanciones penales contra conductas contrarias a la normativa.

“La Ley actual, con relación al régimen de sanciones, es limitada y es débil. Esta ley... no tiene garras”, afirmó Pimentel.

“Necesitamos que la nueva normativa pueda fortalecer ese régimen de consecuencias de la perspectiva administrativa y de sanciones administraciones, y de la perspectiva también de sanciones de tipo penal, de manera que no solamente se puedan conocer las inconductas de los funcionarios, porque la actual ley, el enfoque que tiene es solamente hacia los funcionarios que cometen algún tipo de irregularidad, pero el sistema de consecuencia tiene que incluir a todos los actores que interactúan en el sistema de consecuencia: proveedores y funcionarios”, agregó.

El anteproyecto también busca incrementar el porcentaje del presupuesto reservado a contrataciones dirigidas al sector mipymes y aumentar el monto del pago del anticipo en determinados casos.

Asimismo, establecer procesos de excepción dirigidos al sector productivo nacional, en casos particulares relacionados al alivio de la pobreza, la alimentación escolar y otros escenarios.

También, establecer por ley la obligatoriedad del uso del Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.

Pimentel enfatizó que la DGCP procura con este anteproyecto que el Estado dominicano “pueda adoptar un marco regulatorio moderno, que fortalezca la transparencia, los controles y la eficiencia en las contrataciones públicas”.

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