Corrupción

Ética Gubernamental sobre denuncia de madre de Carla Massiel: está donde debe estar

  • Sostuvo que le tranquiliza saber que la denuncia fuera tramitada a la Procuraduría
  • La señora dijo que en Educación hay una red que extorsiona con la entrega de las prestaciones laborales
Santo Domingo
Milagros Ortiz Bosch, titular de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. (Fuente externa )

La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental sostuvo este jueves que la denuncia hecha por Diolandita Cabrera, la madre de la asesinada niña Carla Massiel, de que empleados del Ministerio de Educación, entidad de la que fue cancelada, le pidieron el 30 % de sus prestaciones para la agilización del proceso, se encuentra “donde debe estar”, haciendo alusión a la Procuraduría General de la República.

En nota de prensa, la institución que dirige Milagros Ortiz Bosch sostuvo sobre el caso que “no tenemos atribuciones judiciales” y que hubieran acogido el mismo “si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia”.

Añadió que resulta tranquilizante conocer que la denuncia de Cabrera fuera tramitada a la entidad que encabeza Miriam Germán Brito. “A esa tranquilidad sumamos la declaración del Ministerio de Educación de colocarse, como debe ser la acción inmediata del sector público, a disposición de los investigadores para contribuir con la misma”, indica Ética e Integridad Gubernamental.

“Es la práctica de sabernos dispuestos a la rendición de cuentas y el respeto al artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana que consagra la independencia de los Poderes Públicos”, señala.

Agrega que la denuncia que, según el abogado Plutarco Jáquez, afectaría a otros 39,500 exempleados con alrededor de RD$ 30,000, “es la más amplia, colectiva y silente extorsión masiva realizada en la República Dominicana”.

“Solo un extorsionado o extorsionada es suficiente para justificar la denuncia de referencia cuya dimensión solo es comparable con los cobros de contribución a los partidos políticos impuestas a los servidores públicos en el pasado”, dice la entidad.

Calificó la investigación del caso como “un aporte a las políticas de transparencia que ha venido aplicando el gobierno desde que inició sus funciones”.

La tranquilidad citada por la institución “está originada en las disposiciones del Decreto 486-12 que limita nuestras funciones a tramitar las investigaciones que, estudiadas y calificadas como penales por nuestra Dirección de Investigaciones deben ser referidas a la Procuraduría General”.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, aseguró este miércoles “que el proceso de pago de prestaciones a los servidores desvinculados se hace de forma transparente y apegado a las leyes”.

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