A Fondo

¿Por qué se necesita la Ley Integral de Violencia de Género?

  • Desde el PNUD y UNFPA, razones para revisar el marco legal dominicano
República Dominicana

Inka Matilla, del PNUD y Sonia Vásquez, de UNFPA conversan con Diario Libre en esta fecha. Estas organizaciones de las Naciones Unidas escogieron el trabajo realizado por Margarita Cordero en Diario Libre desde 2018, como material para construir su campaña contra la violencia este año 2020.

Hacen especial hincapié en la necesidad de una Ley Integral de Violencia de Género. ¿No es suficiente el marco actual dominicano para atajar el problema?

INKA MATTILA, Representante del PNUD: Precisamente lo que busca esta nueva propuesta de Ley integral es fortalecer aún más el marco legal dominicano para abordar y poner fin a esta grave situación de violencia contra las mujeres y las niñas que ha ganado mayor atención a nivel internacional en las últimas dos décadas. La ley actual, 24-97 Contra la Violencia Intrafamiliar es una ley de hace 23 años y es lo que llamamos una ley de primera generación puesto que está dirigida a la violencia doméstica e intrafamiliar, y enfocada en la sanción puesto que modifica el Código Penal y el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La nueva propuesta de ley es una ley de nueva generación la cual amplía la cobertura, tanto en el ámbito privado como en el público, y con un enfoque integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación. Asimismo, se necesita una ley que pueda compartir el contexto mundial y los instrumentos y mecanismos mundiales y nacionales para la violencia de género que han surgido en las últimas décadas, como por ejemplo la Agenda para el Desarrollo 2030, la Constitución de la República del 2010, y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, por mencionar algunos.

Por eso, desde PNUD conjuntamente con otras agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, hemos venido promoviendo esta propuesta de ley desde hace varios años, porque contempla un marco legal global aplicable y asertivo para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres de disfrutar una vida plena, libre de violencia, tomando en cuenta el ciclo de vida completo y las distintas dimensiones que abarca la violencia. La ley Integral de Violencia de Género declara prioridad nacional la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas las etapas de su vida, “por ser una de las formas más extremas de discriminación por razones de género”. De la misma forma, especifica la centralidad en la víctima, el enfoque de integralidad, la prioridad de los derechos humanos, y el acceso a los servicios y la justicia. En cierta forma, se trata de enriquecer y actualizar el marco legal existente, expandiendo su alcance con la tipificación del feminicidio, que es la más grave expresión de la violencia, y abarcando todos los tipos de violencia, los ámbitos donde se ejerce, con un enfoque especial en detección temprana y diseño de políticas públicas que permitan abordar el tema desde la raíz.

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SONIA VÁSQUEZ, Representante UNFPA: Definitivamente no es suficiente. El país ha logrado avances en materia de atención y sanción, pero continúan presentándose miles de denuncias de violencia de género, intrafamiliar y de delitos sexuales -cada año-, y decenas de casos siguen terminando de la peor manera: en feminicidios que nos arrebatan a nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Una nueva ley es importante y necesaria porque va a permitir corregir las discrepancias de tipificación que se dan incluso entre instituciones del propio Estado, y con los medios de comunicación.

En el 2019 los medios reportaron al menos 17 casos que no fueron considerados por la Procuraduría como feminicidios. Aprobar el proyecto de “Ley Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, permitirá:

a) Invertir en acciones preventivas, desde los tres niveles de prevención para modificar las actitudes, conocimientos y prácticas que sostienen y perpetúan la violencia

b) Mejorar la atención a las sobrevivientes y las víctimas.

c) Cantar con un marco legal centrado en las mujeres y las niñas, con mandatos importantes para la atención de calidad, restitución de derechos, reparación de los daños y sanción sin dilación de este delito.

d) Tener una definición legal sobre el tema y de esa manera no quedaría a voluntad de las instituciones la interpretación y tipificación de los feminicidios. Por otro lado, la ley contempla aumentar las penas por feminicidios hasta a 40 años.

La violencia contra la mujer tiene muchas aristas, ¿Cuál es, a su juicio, el problema que requiere una intervención más urgente? ¿Embarazos adolescentes, la falta de casas de acogida, las fallas en el sistema judicial...?

IM: La violencia de género es multidimensional e impacta en capas múltiples a mujeres, niñas y comunidades enteras. La República Dominicana tiene una de las tasas de feminicidio más altas de la región de América Latina y el Caribe, y si bien esta es la expresión máxima de la violencia contra mujeres y niñas, su respuesta requiere un enfoque integral, que tome en cuenta el ciclo de vida de las mujeres y determine los procesos necesarios para que prevenirla, atender a las víctimas, reparar el daño y sancionar a los agresores de manera correcta, lo que requiere la intervención de muchos sectores. La necesidad de abordar esta problemática con un enfoque integral se hace más urgente en el contexto que vivimos actualmente y es de vital importancia el establecimiento de una eficaz y efectiva coordinación interinstitucional e inter-área para el referimiento de los casos. Igualmente, es importante poder registrar adecuadamente los datos para conocer la realidad de la situación y que se puedan realizar ajustes en cuanto a la atención y seguimiento. En el contexto actual, si bien es difícil determinar el impacto de la pandemia sobre la violencia, a nivel regional estamos viendo que los patrones generales de violencia van en aumento, con los niveles de estrés socioeconómico y las medidas de confinamiento actuando como una olla de presión para potenciales abusos. En República Dominicana, se han reportado 94 feminicidios y homicidios de mujeres y 27,157 denuncios de violencia de género y delitos sexuales. Este es el momento de abordar estas problemáticas como un todo, integrando la perspectiva de género en la respuesta a la COVID-19 para contener sus efectos sobre la violencia, y más allá de la recuperación, para garantizar que las medidas tomadas para recuperar los niveles de desarrollo, tomen en cuenta los desafíos específicos de las mujeres y niñas.

SV: Entendemos que lo más urgente desde el punto de vista preventivo es abordar integralmente, con estrategias educativas y socioculturales, la normalización de la violencia que manifiesta la población. Desde el punto de vista de la atención, se requieren más recursos financieros y técnicos para poder asistir a las mujeres que acuden a los servicios, de manera más eficiente, aumentar progresivamente la cantidad de casas de acogida y la cantidad de centros de atención conductual para hombres. Un elemento esencial es promover la igualdad entre hombres y mujeres y hacer visible a las niñas y adolescentes, reconociendo que nuestro país aún posee prácticas nocivas que atentan contra su dignidad, desarrollo y proyectos de vida (como el matrimonio infantil y las uniones tempranas y embarazo en adolescentes).

Ha vivido en muchos países... ¿siente que en República Dominicana la sociedad está suficientemente alerta ante la violencia contra las mujeres?

IM: La erradicación de la violencia contra las mujeres es una problemática grave de carácter mundial y una prioridad para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las Naciones Unidas desde sus incios. En 1946, un año después de la conformación de la ONU, se creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en ingles), y en 1993 se firmó la declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Belem do Pará. También es una prioridad de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) específico sobre Igualdad de Género, el ODS 5, que contempla dentro de sus metas eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. Con esto, lo que quiero decir es que la violencia contra las mujeres es un problema de carácter global, para el que se requiere una sensibilización y acción contundente constante, a nivel global y en República Dominicana. República Dominicana está trabajando esfuerzos importantes para la erradicación de la violencia y no se puede bajar la guardia hasta erradicación de la violencia en todas sus formas. Las desigualdades de género y la violencia impactan no solo la vida de mujeres y niñas, sino frena el logro del desarrollo sostenible en general.

¿Debe ser un tema que se trate en la escuela? ¿Debe ser un tema que se trate con muchachos más que con las muchachas?

SV: Sí, debe ser un tema que se aborde ampliamente en las escuelas, con muchachos y muchachas, porque en estudios que hemos realizado ha quedado evidenciado que tanto chicas como chicos normalizan y justifican la violencia. En una muestra de 7,768 estudiantes ocho de cada 10 de ambos sexos la justificaron. Por otro lado, las estudiantes perciben que los hombres son agresivos por naturaleza y que sus conductas violentas son normales. En ese mismo estudio, nos sorprendió encontrar que 7 de cada 10 de los hombres y 6 de cada 10 de las mujeres estuvo de acuerdo con que las mujeres más obedientes son “más atractivas para los hombres”. También hay que elaborar programas preventivos dirigidos a poblaciones de padres, madres y personal docente del sistema educativo dominicano sobre el papel de los factores educativos, afectivos y estructurales de la familia y la escuela en la prevención de la violencia de género. Fundamentar la solicitud de la incorporación de contenidos curriculares orientados al manejo apropiado de la ira, la impulsividad y el trabajo a favor de la equidad de género desde temprana edad. Incentivar la realización de programas especiales dirigidos a víctimas colaterales de la violencia feminicida, sobre todo hijos e hijas del feminicidio.

Igual de importante es abordar la educación en este tema fuera de las escuelas. El país cuenta con una amplia población no escolarizada con necesidad urgente de información. Para ello, desarrollar estrategias de comunicación educativa en comunidades será fundamental para complementar las intervenciones en los centros educativos.

¿Por qué las campañas no surten efecto? ¿Han detectado en las jóvenes mayor conocimiento sobre las señales que alertan sobre el maltrato?

SV: Posibles razones:

• Muchas campañas no parten de estudios o líneas de base que sirvan para identificar los aspectos más críticos.

• No involucran a las poblaciones a las cuales van dirigidas cayendo al vacío los mensajes. Las mujeres no se sienten representadas en esos mensajes.

• Las campañas no siempre responden a necesidades concretas. Por ejemplo, en el caso de la violencia es fundamental brindar información a las mujeres sobre dónde acudir, a quién llamar, cuáles son los pasos para la denuncia, etc. cuando alguien está en una situación de violencia es lo primero que requiere.

• Las campañas deben hacer más énfasis en las señales de alarma de modo que las familias, amigos, comunidades, etc. estén también en atención para proteger las niñas y mujeres.

• Orientar las campañas hacia las jóvenes. Como resultado del estudio que hicimos, la violencia empieza en el noviazgo.

• El acceso a información de manera aislada no cambia las realidades. Es necesario trabajar directamente con las comunidades y las personas para impactar de manera profunda en las actitudes y las prácticas.

• Las campañas de sensibilización muchas veces se realizan sin considerar la participación y aportes de las poblaciones a las que se dirigen, y por ende, no responden a sus intereses y necesidades.

• Además de acceso a la información, las personas necesitan acceso a servicios de calidad y acompañamiento constante y sistemático para desnaturalizar la violencia.

¿Qué programas específicos desarrolla su organización en República Dominicana sobre el tema de la violencia contra la mujer?

IM: La violencia contra las mujeres y niñas es la representación más concreta y grave en la que se manifiestan las desigualdades de género existentes. Por esto, desde el PNUD, trabajamos por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, con acciones estratégicas focalizadas en la problemática, como transversalizando el enfoque de género en todos nuestros proyectos y programas en estrecha coordinación y articulación con las demás entidades del Sistema de las Naciones Unidas. De manera específica, desarrollamos iniciativas para abordar la violencia de género con investigaciones y análisis, y de sensibilización, tanto para la sociedad civil, sector privado, e instituciones públicas, como la Policía Nacional, implementando esfuerzos clave para deconstruir roles y estereotipos de género que han avalado la violencia. L as acciones las realizamos conjuntamente con las entidades del estado, y específicamente con el Ministerio de la Mujer, así como con organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado. Además, acompañamos al gobierno y al Congreso en el fortalecimiento del marco legal para la protección de mujeres y niñas, impulsando leyes como la Ley integral de Violencia de Género, la aprobación del Código Penal, contemplando las tres causales para la interrupción del embarazo, y la Ley Electoral con enfoque de género, que tienen la capacidad de transformar el panorama del cumplimiento de derechos para las mujeres en República Dominicana. Igualmente, aportamos el enfoque de generación de datos y conocimiento para apoyar la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia y los resultados concretos, con programas como Infosegura, una iniciativa para la gestión de información basada en evidencia para fortalecer las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Central y la República Dominicana, y Spotlight, una iniciativa de la Unión Europea junto a UNFPA, ONUMujeres y PNUD que desarrolla acciones y estudios regionales para acelerar la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas para el 2030.

La pandemia de COVID-19 también ha agregado nuevas dimensiones a nuestro trabajo para combatir la violencia y las desigualdades de género, por lo que estamos trabajando tanto a nivel nacional, como regional y global para asegurar que la perspectiva de género permee todas las medidas de respuesta a la crisis y a la recuperación. Un estudio reciente del PNUD y ONU Mujeres nos devela que la pandemia podría aumentar la pobreza entre las mujeres hasta un 9.1%, apuntando que para el 2021 por cada 100 hombres entre 25 y 34 años en situación de pobreza extrema, habría 118 mujeres. Asimismo, desde PNUD hemos desarrollado un sistema con ONUMujeres, Rastreador Global de Respuestas de Género a COVID-19, un sistema para medir la respuesta global a la pandemia desde la óptica de género, identificando medidas que combaten la violencia contra las mujeres y niñas, apoyo a quienes proveen cuidado no remunerado y que refuercen la seguridad económica de las mujeres.

SV: Pensamos que las desigualdades y la violencia de género comienzan desde que somos niñas y adolescentes y que es necesario trabajar de manera directa en los territorios ( barrios y comunidades) generar datos e información para incidir en las políticas públicas e incrementar las capacidades formativas y de atención de las instituciones del Estado.

Desde UNFPA hacemos especial énfasis en el trabajo con niñas, adolescentes y jóvenes para prevenir la violencia basada en género:

a) Implementamos en provincias con altos índices de violencia y MIUT el proyecto Fabricando Sueños, clubes de chicas. Espacio de encuentro y formación para que niñas y adolescentes conozcan y accedan a sus derechos, incrementen su empoderamiento y su participación ciudadana.

b) Estrategia con jóvenes Tu´ No´ Ta´ Pa´ Eso. Estrategia de comunicación dirigida a la prevención de embarazo en la adolescencia.

c) Amore’ sin Violencia: Estrategia de comunicación dirigida a jóvenes para estimular relaciones no violentas en el noviazgo.

d) Generación de datos e investigaciones para incidir en las políticas y debates públicos.

e) Asesoría al Estado dominicano en la construcción de planes y programas orientados a la prevención, atención, sanción, persecución y coordinación interinstitucional para una respuesta adecuada a las sobrevivientes de violencia.

f) Asistencia técnica a instituciones del Estado Dominicano para el fortalecimiento de capacidades organizacionales y personal de atención directa a las sobrevivientes de violencia.

g) Colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento de sus acciones y capacidades a fin de generar impactos y resultados concretos en los territorios.

¿Consideran que la prensa dominicana informa adecuadamente sobre el tema?

IM: Desde PNUD, trabajamos con los medios para fortalecer la comunicación inclusiva, con enfoque de género y perspectiva de desarrollo sostenible. Los medios de comunicación juegan un rol central en el desarrollo sostenible de los países, como veedores del bien social, garantes de la democracia y representantes de la voz pública. En ese sentido, hemos realizado talleres para periodistas sobre perspectiva de género, con el objetivo de velar porque las noticias relativas a violencia contra las mujeres se manejen sin revictimizar a las mujeres y con el lenguaje adecuado y la seriedad que ameritan, ofreciendo una mirada objetiva y multidimensional a la problemática.

SV: Tenemos grandes e importantes aliados y aliadas en los medios de comunicación que buscan, en la medida de sus posibilidades, informar y hacerse eco de los desafíos que persisten en la materia. Sin embargo, es preciso fortalecer los esfuerzos para diversificar e incrementar las voces, mejorar los contenidos y la calidad de la información que se comparte a través de los medios. Recordamos que poseen un poder de influencia importante y que con su participación activa y capacitación adecuada pueden colaborar de manera estratégica para cambiar esta realidad.

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Inka Mattila, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la República Dominicana desde el 1 de abril de 2019. Inka Mattila ha recibido su mandato del administrador del PNUD y presentó su acreditación ante el canciller Miguel Vargas el 16 de abril de 2019. De nacionalidad finlandesa, Inka Mattila es economista con un máster en Ciencias Sociales y Economía de la Universidad de Helsinki (Finlandia). República Dominicana es su décimo país de residencia. Antes de su actual nombramiento, Inka fue directora de país adjunta de PNUD en Bogotá, Colombia (2014-2019). También se desempeñó como coordinadora del Área de Evaluación, en el Centro de Servicios Regionales del PNUD para América Latina y el Caribe en Panamá; fue consultora independiente especializada en Evaluaciones y Planificación Estratégica; asesora principal (consejera) en Economía y Buen Gobierno en la Embajada de Finlandia para América Central en Nicaragua; también ha sido analista de programas y oficial de programas en la oficina del PNUD en El Salvador y Belice; e investigadora de la Unidad de Investigación para Estructuras Económicas y Crecimiento en la Universidad de Helsinki, entre otras.

Sonia Vásquez, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): Trabajadora social con maestrías en Educación Superior (mención Ciencias Sociales) y Género y Desarrollo y un diplomado en Desarrollo Internacional. Vásquez tiene más de 20 años trabajando en el área del desarrollo y la cooperación. Antes de su llegada al UNFPA laboró en organizaciones internacionales como Oxfam Reino Unido y Progressio/Instituto Católico de Relaciones Internacionales. Vásquez dirigió programas de políticas ambientales, agricultura sostenible y género, en la región del Caribe. Cuenta con experiencia en la supervisión y evaluación de programas internacionales, en Jamaica, Haití, Ecuador, Timor Oriental y Nicaragua. Entre sus áreas de expertise se encuentran salud sexual y reproductiva, población y desarrollo, género, medio ambiente, municipalidad y desarrollo local.

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