Proyecto de ley

RD se rige por ley de telecomunicaciones que no incluye la palabra internet

  • Diputados y el Indotel tienen propuestas para actualizarla; la asociación de empresas entiende que no es necesario modificarla
Santo Domingo
Veintitrés años han pasado desde que la Ley 153-98 entró en vigencia en el país.

La ley que rige actualmente las telecomunicaciones en la República Dominicana es más vieja que Facebook (fundado en 2004) e Instagram (lanzado en 2010), y en su contenido la palabra literal “internet” no aparece.

Cuando dicha Ley General de Telecomunicaciones fue aprobada en 1998, lo que se manejaba más era lo análogo y la telefonía, y en el mundo había un frenesí por la inminente llegada del nuevo milenio y cómo impactaría la fecha 2000 en los servicios informáticos.

Veintitrés años han pasado desde que la Ley 153-98 entró en vigencia. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) entiende que se debe actualizar y para esos fines tiene abierta una vista pública hasta el 31 de mayo con miras a presentar un anteproyecto de ley con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pero la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) no considera necesario modificar la ley vigente pues -a su juicio- establece los principios y criterios que confieren la seguridad jurídica necesaria para el despliegue de las redes y los servicios. Además, argumenta que el Indotel no ha definido cuáles son los aspectos específicos que requieren modificarse para alcanzar los objetivos del Estado.

El Indotel procura que la nueva legislación evolucione a una Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y con esta coadyuvar a la consecución más rápida de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, pautados por las Naciones Unidas, y al fortalecimiento institucional y operativo del mismo instituto.

Su iniciativa no es la única. Hace dos meses (el 15 de marzo), el diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Tobías Crespo, depositó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, que el 7 de abril fue enviado a la Comisión Permanente de Tecnología de la Información y Comunicación para su estudio.

El documento, de 121 páginas y 156 artículos, propone una nueva ley con un nombre similar a la del Indotel: Ley General de la Tecnología de Información y Telecomunicaciones de la República Dominicana.

La iniciativa de Crespo es ambiciosa. Procura crear el Ministerio de las Tecnologías de Información y Telecomunicación (MITIT), para que se encargue de la formulación de las políticas públicas del sector, que suprima y asuma parte de los roles y atribuciones de la Oficina Presidencial de las Tecnologías de Información y Comunicación (Optic) y del mismo Indotel.

Otras atribuciones de ambas entidades a suprimir las asumiría una Superintendencia de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, que regularía, inspeccionaría, vigilaría y controlaría las tecnologías de información y telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. Una de sus funciones sería expedir un certificado de homologación para la comercialización en el país de cualquier equipo o aparato de las TIC.

“Todos los países les dan un rango ministerial; Cuba tiene un Ministerio de Telecomunicaciones, Chile lo tiene, lo tiene Argentina, lo tiene Colombia, ¿por qué? Porque apuestan a eso”, dijo Crespo a Diario Libre para defender su propuesta.

Pero el planteamiento que se hace en el documento presentado por el Indotel con apoyo del BID es que, en vez de suprimir la institución, se fortalezca su rol como organismo regulador de las telecomunicaciones y las TIC. Asimismo, identificar al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como el de adscripción del Indotel.

El diputado Crespo -quien tiene 33 años vinculado al sector telecomunicaciones, tanto en lo académico como profesional- entiende que aprobar una nueva ley tomará tiempo, porque hay que consultar a todos los que le compete y enfrentar los “fuertes intereses” del sector. Él reconoce que el contenido de su propuesta de ley no será completamente del agrado de los involucrados.

Desde ya, la Comtec -que agrupa a grandes empresas de las telecomunicaciones en el país- argumenta que es extemporáneo que se proponga un proyecto para modificar la ley en una pandemia como la del COVID-19. Argumenta que se pueden emitir algunas normativas complementarias que garanticen la actualización de las disposiciones y cumplir con las políticas públicas.

“Este ejercicio de consulta no ha sido precedido por una evaluación exhaustiva de la eficacia del marco legal sectorial como catalizador del desarrollo del sector, por lo que tampoco existe una comprobación de obsolescencia de la Ley General de Telecomunicaciones”, dijo a Diario Libre la directora ejecutiva de la Comtec, Claudia García.

Cuando el Indotel abrió las vistas públicas a finales de marzo pasado para su anteproyecto explicó que “se necesita una nueva ley para profundizar la masificación del acceso a Internet y el desarrollo de los mercados de telecomunicaciones y ecosistemas digitales nacionales, como también los niveles de competitividad del país, y lograr la plena inserción en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”.

Crespo y el Indotel entienden que una nueva ley servirá como base para que se puedan dirimir conflictos comerciales que anteriormente se han manejado con reglamentos, por la desactualización de la legislación.

“Por internet pasan productos, pasan servicios, pasa dinero, pasan armas, pasa droga, pasa trata de personas, pornografía infantil, es decir, que también hay un tema de defensa y seguridad ciudadana que va a obligar al Estado a ponerle mucha atención a esta ley y enriquecerla”, aseguró el diputado.

Usuarios en nueva ley

En el proyecto presentado por Crespo se contempla una serie de derechos de los consumidores y usuarios, que cambian las reglas existentes. Uno de estos indica que podrán terminar unilateralmente el contrato de adhesión suscrito con el prestador de servicios de cualquier tiempo, previa notificación, con por lo menos 15 días de anticipación, sin que para ello esté obligado a cancelar penalidades o recargos.

También, no recibir mensajes masivos o individuales o llamadas con fines de ventas directas, comerciales, publicitarios o proselitistas que no hayan sido previa y expresamente autorizados por el cliente.

Se indica, además, que a partir de su promulgación se eliminaría el Impuesto Selectivo al Consumo del 10 % que se aplica a los servicios de las tecnologías de información y telecomunicaciones, “para derribar barreras tarifarias” y “reducir la brecha digital en los sectores de menores ingresos”.

Para el uso de servicios privados de tecnologías de información y telecomunicaciones, dice que será necesaria la inscripción en un Registro Especial que el MITIT llevaría al efecto.

En ese proyecto y en el documento que analiza el Indotel se propone mantener el principio de libertad en la definición de las tarifas finales a usuarios, pero el de Crespo especifica que no debe sobrepasar los techos tarifarios definidos por el MITIT.

La propuesta del Indotel busca establecer también pautas mínimas que rijan los trámites para el otorgamiento de permisos asociados al despliegue, ya sean de planificación territorial o urbanística, de obra civil, medioambientales o títulos habilitantes.

Insiste en la importancia de promover el despliegue de infraestructura para conseguir beneficios de inclusión social y el beneficio económico que de esto se deriva, y más en el contexto de la pandemia actual que ha afianzado el teletrabajo e impuesto la educación a distancia.

“(La ley vigente) fue una ley del 98 que fue bien estructurada para la época, lo que pasa es que se han producido avances tecnológicos en todo el sentido de la palabra”, dijo a Diario Libre el presidente del Indotel, Nelson Arroyo. “Nunca vas a aprobar una ley que logre que la totalidad de los actores esté conforme, pero perseguimos que la mayor cantidad de actores del sector esté conforme”.

Proyecto para banda ancha

Con el Decreto 539-20 del 7 de octubre de 2020, se declaró de interés nacional el derecho de acceso universal al internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las TIC.

En el proyecto de Crespo se propone la creación de la Empresa de Negocios de Banda Ancha y una Unidad de Negocios de Telecomunicaciones por Fibra Óptica como un Operador Público de Servicios de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de Conectividad de Banda Ancha del Estado. Dicha empresa formaría parte de la estructura organizativa de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana y soportaría el Plan Nacional de Conectividad de Banda Ancha del país.

En la vista pública el Indotel también presenta la propuesta de que la nueva ley determine los principales criterios que deben regir los proyectos e iniciativas de transformación digital que desarrollen las autoridades y entidades públicas, y en los sectores productivos.

En consecuencia, estaría la determinación en la ley de la obligación de estructuración y actualización de un Plan Nacional de Banda Ancha orientado a la masificación de la conectividad y de un Plan Nacional 5G, “que promueva la inversión, expansión y evolución de las redes y servicios; la investigación, desarrollo e innovación y el emprendimiento para alcanzar la digitalización de la economía”.

“Existe evidencia que permite estimar que un incremento en la penetración de la banda ancha en los países de Latinoamérica y el Caribe se asocia, en promedio, a un incremento de un 3.9 % del PIB y 2.61 % en productividad”, dice el documento puesto a consulta por el Indotel.

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