El título

Que el Palacio Nacional regularice su situación inmobiliaria es un gesto más que simbólico. Es un gran cambio, es una declaración política de intenciones y así debe ser entendido.

Los problemas que se derivan de la falta de titulación o de una titulación falsa son infinitos. El inversionista extranjero al que le vendieron terrenos en primera línea de playa en el aire, superpuestos a los reales. O a la familia que construyó su casa sobre el terreno que tenía otro dueño y ahora, después de hacer la inversión de su vida, lo que tiene, como mucho, es una mejora. O los empresarios que llevan años litigando tratando de entender quién es el dueño de todas las parcelas que compraron para levantar un proyecto hotelero. Todos estos son casos reales.

La seguridad jurídica empieza por ese papel. Que el Palacio Nacional no tenga en orden los títulos inmobiliarios de los terrenos en los que se levanta es algo más que una anécdota curiosa.

Invasiones de terrenos, estafas a inversionistas extranjeros que tanto daño hacen a la imagen exterior sobre la seguridad jurídica en el país, la ruina de muchos ciudadanos dominicanos que pierden su casa tienen el mismo origen. El desorden de la titulación de la propiedad inmobiliaria es causa y consecuencia de la falta de institucionalidad, ese concepto que se maneja demasiadas veces como algo teórico, abstracto, pero cuyas aplicaciones concretas tienen un efecto medible en la posibilidad de desarrollo de la República Dominicana.

Sin la defensa real del derecho a la propiedad privada no hay desarrollo económico y social posible. Y sin títulos veraces no existe tal propiedad. Tampoco pública.

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