¿Destitución o renuncia?

En el vocabulario monárquico y eclesiástico no se emplea nunca el verbo renunciar para señalar que un rey, una reina o un papa abandona sus funciones. En ese mundo de soberanos y santidades se abdica. La Europa monárquica conoce varios casos de abdicación como el de la reina Cristina de Suecia en 1654 quien para poder convertirse al catolicismo tuvo que abdicar del trono que había heredado de su padre cuando apenas contaba cinco años. Un proceder diferente al del legendario rey de Navarra, Enrique IV que para poder asumir el trono de Francia tuvo que renegar del protestantismo y abrazar la fe católica legando a la posteridad la famosa frase: “¡París bien vale una misa!” o la de Eduardo VIII que por el amor de Wallis Simpson, una estadounidense dos veces divorciada, abdicó del trono de Inglaterra en 1936 y no hace mucho, por razones de edad, el rey Juan Carlos de España y la reina Beatriz de los Países Bajos, así como en 2013 el papa Benedicto XVI. Sin cuestionar las razones públicas de las abdicaciones de monarcas y papas hay que admitir que muchas crean crisis políticas, pero en muy pocos casos se intenta contemplar su rechazo.

La renuncia, en cambio, tiene un carácter más flexible, aunque también puede alcanzar los niveles de irreversibilidad de la abdicación. Entre los presidentes que han renunciado a sus funciones se distinguen Charles de Gaulle quien, en protesta a un plebiscito desfavorable, abandonó en 1969 la presidencia de Francia y se retiró a su casa de campo hasta su muerte poco más de un año después; Richard Nixon en 1974, para evitar el empeachment, renunció a la presidencia de Estados Unidos luego del escándalo de Watergate y, en diciembre de 2001, recordemos la dimisión del argentino Fernando de la Rúa ante la galopante crisis económica que puso al gran país sudamericano al borde del abismo. Con excepción de la renuncia de De Gaulle, los ejemplos que preceden clasifican en el renglón “renuncias forzadas”.

La Era de Trujillo y sus métodos cambiaron el sentido de la renuncia en República Dominicana. Unos años después del inicio de la larga y cruenta “Era” cada funcionario público elegido o designado por el Ejecutivo debía firmar, sin fecha, su renuncia. No era lo mismo aparecer ante la opinión pública como renunciante que como destituido. El dimitente tenía la posibilidad de volver a ocupar un alto cargo en la administración pública, el que era sustituido pasaba a la categoría de “en desgracia”.

Las únicas renuncias públicas que se reconocían como tales eran las que algunos funcionarios hacían aprovechando un viaje al extranjero dejando claro que rompían con el régimen. Recordemos, a guisa de ilustración, la carta de renuncia de Juan Bosch a su función de jefe del Servicio de Información de la Dirección General de Estadísticas dirigida a Trujillo poco más de un mes después de haber salido de Santo Domingo a Puerto Rico en enero de 1938 con el pretexto de una consulta médica para su esposa de entonces en la que, entre otras cosas, le dice al dictador: “Yo no concibo la política al servicio del estómago, si no al de un alto ideal de humanidad. Empeñado en no crearles a los míos una situación amarga, y en interés de adaptarme a la realidad de mi país, yo hice esfuerzos con mi mayor buena fe y nuevo Galileo, me sometí varias veces a las exigencias del momento. Pero esos sometimientos no hacían si no crear en mí un estado de ánimo peligroso para el porvenir de mi familia y, desde luego, para el mío. Destruía mi carrera y perdía a mis propios ojos el respeto que yo mismo me debía. Sabía, además, que mientras viviera en la República Dominicana no podía evitar eso, porque tratar de hacerlo era ser enlistado como enemigo, y yo sé por experiencia personal adónde conduce tal designación. De ahí que haya salido de mi país.”.

En República Dominicana se tiene la creencia desde entonces de que no se renuncia; sin embargo, nuestra historia reciente está plagada de dimisiones de alto nivel motivadas por razones de índoles diferentes.

Emilio de los Santos, el primer presidente del gobierno de facto que fue instalado a raíz del golpe de Estado de 1963, renunció tres meses después en protesta por el asesinato de Manolo Tavárez Justo sin que su dimisión desestabilizara al triunvirato; durante el tercer período presidencial de Balaguer (1974-78), cuatro generales, en franco acto de rebeldía, renunciaron a sus mandos y no fueron juzgados como insubordinados ni tampoco cayeron “en desgracia” como en los tiempos de la dictadura de Trujillo porque su desobediencia fue un acto aislado. Para que la renuncia inesperada de un ministro desencadene una crisis debe estar respaldada por razones políticas.

En estos meses de pandemia y cambio de administración gubernamental se persigue la corrupción administrativa de manera tan encarnecida que por momentos toma aires de retaliación. Esa lucha anticorrupción obligó primero a la suspensión y luego a la “renuncia” de la ministra de la Juventud del presidente Abinader. Si la credibilidad de un funcionario se ve afectada por un escándalo como el que alcanzó a la exministra luego de su declaración jurada de bienes, el escándalo deviene político, entonces entra en juego la implacable razón de Estado para la que, en ese momento, “destitución” y/o “renuncia” son “sinónimos”.

Guillermo Piña-Contreras

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Diplomático. Escritor; ensayista. Academia Dominicana de la Lengua, de número. Premio Feria del Libro 2019.