El Congreso Nacional que necesitamos

Hay que valorar como trascendentes las declaraciones de Eduardo Estrella, Antonio Taveras y Faride Raful, tres de los principales senadores electos en las boletas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al expresar que no aceptarán los privilegios que se asignaron los legisladores, en los años de dominio peledeísta del Congreso Nacional.

Esta es también la decisión adoptada por los legisladores electos de Alianza País, José Horacio Rodríguez, por el Distrito Nacional y Pedro Martínez, diputado nacional. Ellos le dan continuidad al legado de Fidelio Despradel, nuestro actual diputado nacional y quien, en los 4 años que concluyen el próximo 16 de agosto, no aceptó ninguno de esos privilegios ejerciendo, por demás, con dignidad y decoro la función de legislador.

Es momento de que la ciudadanía levante la voz desde cada provincia y municipio para exigirle a cada legislador electo la renuncia a todos estos privilegios que se han asignado, que no es más que corrupción “legalizada”.

Esta sociedad desde hace décadas aspira tener un Congreso Nacional cuyos legisladores no vayan a aprobar leyes sin leerlas o a traficar o hacer negocios con proyectos de leyes o a ser sello gomígrafo del Poder Ejecutivo o representantes de los intereses de grupos corporativos.

Un Congreso Nacional decente comienza porque los legisladores se apeguen a una línea de conducta ética acorde a los deberes y atribuciones propias de la función legislativa.

En ese sentido, si de verdad los legisladores electos quieren inaugurar una nueva era en el Congreso Nacional deberán, entre otras:

1.- Renunciar al fondo de asistencia social, correctamente llamado por el pueblo “barrilito” y “cofrecito”, por ser violatorio de la Constitución.

2.- Renunciar a las dos exoneraciones que actualmente reciben. Los legisladores con el salario que reciben pueden comprarse un vehículo que le sirva como medio de transporte.

3.- Dedicarse con exclusividad a la labor legislativa toda vez que los cargos de senador o diputado son incompatibles con otra función o empleo público, salvo la labor docente.

4.- Residir en la demarcación por la que fue electo durante el periodo de su elección.

5.- Cada año rendir cuenta de su gestión ante los electores que representan.

De igual modo, es tiempo de que efectivamente, conforme el diseño constitucional, el Poder Legislativo pase a actuar como el primer poder del Estado para lo cual es necesario que los legisladores ejerzan a plenitud las facultades que les asigna nuestra Carta Magna.

En ese sentido, corresponde al Senado aprobar o desaprobar el nombramiento de embajadores y jefes de misiones que le someta el poder Ejecutivo. Puede pues la Cámara Alta contribuir a dotar al país de una representación diplomática de calidad y acabar así con la práctica tradicional de nombrar en el servicio exterior gente sin formación ni condiciones, simplemente para pagar favores políticos y económicos.

Los legisladores son los responsables de la selección y elección de los miembros de la Cámara de cuentas, de la JCE y del Defensor del Pueblo. La aspiración de la ciudadanía es que se elijan como titulares de estos órganos —los dos primeros con funciones arbitrales y el tercero para la defensa de los derechos y libertades fundamentales— a hombres y mujeres de trayectoria honesta, capaces y con el carácter para actuar con independencia e imparcialidad, que respeten y hagan respetar la legalidad.

El Congreso tiene amplias facultades para fiscalizar y ejercer el control del poder ejecutivo. Si los nuevos legisladores se respetan a sí mismos y a la ciudadanía que los eligió, deben hacer un uso responsable de estas atribuciones y convertir al Poder Legislativo en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo.

Entre estas facultades están:

i) Votar la Ley de Presupuesto General del Estado

ii) Aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los que solicite crédito el Poder Ejecutivo.

iii) Legislar sobre la deuda pública.

iv) Aprobar o desaprobar los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo;

v) Aprobar o rechazar el estado de inversión de las rentas que debe presentarle anualmente el Poder Ejecutivo.

vi) Aprobar o desaprobar los contratos que le someta el Poder Ejecutivo que afecten las rentas nacionales, enajenen bienes del Estado, levante empréstitos o estipulen exenciones impositivas.

vii) Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos si están ajustados a la Constitución y a las leyes.

viii) Respecto de los ministros y otros funcionarios citarlos, invitarlos o interpelarlos, pudiendo de no comparecer, ser sancionados por desacato y, en el tercer caso, emitir un voto de censura y recomendar su destitución al Presidente de la República.

ix) Nombrar comisiones permanentes y especiales para investigar asuntos de interés público y supervisar las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones.

El Congreso Nacional que necesitamos es uno que ejerza a plenitud y con responsabilidad la amplia gama de atribuciones que le asigna la Constitución para que sea un efectivo contrapeso del Poder Ejecutivo, en representación y defensa de los intereses generales de la ciudadanía que lo eligió.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.