La Ley y el DNI

La nueva ley que da poderes muy especiales al Departamento Nacional de Investigaciones (o de Inteligencia, como se le llamaría), tiene que ser parada, congelando, utilizando los mecanismos constitucionales.

Todos los días hay una nueva versión en torno a esta ley y como se concibió, ahora se dice en los corrillos políticos que la mayoría de los legisladores que votaron por ella no la habían leído.

Esa es una práctica común en la Congreso Nacional, pero ante el escándalo actual y  las violaciones en que se incurriría de entrar esa  ley en vigencia, es hora de mandarla al Tribunal Constitucional.

Hay que estar claros en que la ley es objetable, viola el derecho a la libre expresión del pensamiento y a la reserva de divulgación de las fuentes noticiosas, es una ley que trasgrede principios constitucionales que se han afincado en el país con muchos sacrificios  y dolor.

Cuando  se envíe la ley al Tribunal Constitucional estará bloqueada su entrada en vigencia está que haya un fallo de ese organismo. No se sabe como votarían los nuevos jueces constitucionalistas.

Podría haber sorpresas. Los magistrados la pueden ratificar y que entre en vigencia, y las sentencias del Constitucional no tienen apelación.

Ir a seminarios y debates sobre una ley que de por si viola dispositivos de la  Constitución de la República es perder el tiempo. El máximo organismo de seguridad del Estado tendría derecho a revisar desde los teléfonos hasta las notas de los periodistas, buscando las fuentes.

El presidente Luis Abinader ha mantenido un estricto apego a la libertad de prensa y de información, por lo que no debe ahora empañar su trayectoria con esta ley conflictiva, y que nadie ahora se quiere hacer  responsable por su redacción.

Sería de buena salida diplomática que el presidente Abinader proceda   a retirar la ley, si todavía se lo permiten los reglamentos del Congreso, en caso contrario el mismo, ante el hecho irremediable, la debe enviar al Congreso.

Es cierto que  los márgenes del periodista tradicional, circunscripto a radio, televisión y periódicos, ya pasó a segundo plano y ahora se impone la irresponsabilidad de las redes. Todavía así, nada puede justificar una violación a la libertad de prensa y de expresión. ¡Ay!, se me acabó la tinta.

Manuel Hernández Villeta