Hacia mejores políticas de salud pública basadas en evidencia en RD, ¿qué hace falta?

Referirse a la “medicina basada en evidencia” exige visualizar que las prácticas en el sector salud sean llevadas a cabo considerando referencias locales e internacionales que hayan surgido de fuentes de investigación de alta calidad. De igual forma, cuando este concepto es extrapolado a los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas de salud pública, se denomina “políticas de salud pública basadas en evidencia”.

En las ciencias de la salud, la evidencia es el resultado de un proceso riguroso de búsqueda de información que requiere medir factores que están hipotéticamente asociados a una condición de salud o una situación sanitaria. Mediciones de significancia científica son concebidas bajo un escrutinio estandarizado que, si bien, es trabajoso y costoso, es esencial para traducir ese conocimiento generado, a partir de la investigación, en políticas de salud pública basadas en evidencia. Pues, al final, “lo que no se mide, no se puede mejorar” (Peter Drucker).

En la actualidad, gran parte de las evidencias consideradas para asumir decisiones en salud pública nacen en naciones extranjeras. Éstas se caracterizan por producir conocimientos para dirigir programas de salud, evaluar políticas ya establecidas e innovar con herramientas sanitarias y clínicas. Productos de evidencias de aplicación local e internacional durante la reciente pandemia incluyen la dexametasona (esteroide utilizado en el manejo de pacientes con COVID-19 moderado y severo) en Reino Unido o las diferentes vacunas desarrolladas contra esta enfermedad.

Sin embargo, aún incluyendo los esfuerzos de varias instituciones educativas y estatales por promover la producción de conocimiento local, la evidencia generada sigue siendo escasa para la toma de decisiones políticas en salud pública a nivel nacional. Para ello, el Estado Dominicano debe contemplar el establecimiento de métodos regulares de colección de información sanitaria (como los récords electrónicos médicos) así como la inversión sustancial en investigación científica local e innovación.

Decisiones de salud pública no basadas en evidencia pueden costar cuantiosas pérdidas económicas, y llegar a ser tan peligrosas como para costar vidas como en múltiples países en la reciente pandemia. En adición a la evidencia, otras herramientas deben ser utilizadas para diseñar políticas en salud pública; evaluación del impacto sanitario, consultorías de expertos calificados y métodos de participación de la comunidad/barrio afectado en la toma de decisiones (como hacen algunos de nuestros diputados/as). Esta última permite que la ciudadanía se identifique con la intervención, y colabore con su cumplimiento.

A la hora de legislar para la salud pública, es esencial que nuestros congresistas y autoridades sanitarias implementen estas consideraciones o se valgan de especialistas guías que faciliten la toma de decisiones eficaces en conjunto con la ciudadanía. Para ello, es fundamental la voluntad política y una comunidad que sirva como vigilante y promotor de reformas sanitarias que promuevan el desarrollo integral de la República, no sólo en áreas específicas de desarrollo como el comercio o el turismo.

Referencias:

• Baicker K, Chandra A. Evidence-Based Health Policy. NEJM. 2017;377: 2413-2415. Disponible en: doi:10.1056/NEJMp1709816

• Fielding J, Briss PA. Promoting Evidence-Based Public Health Policy: Can we have better evidence and more action?. Health Affairs. 2006; 25(4). Disponible en https://doi.org/10.1377/hlthaff.25.4.969

Aimeris N. Santos P.