Señales de derechización

Parte de la teoría constitucional contemporánea debe una buena cuota de su éxito a la técnica argumentativa de la disociación. De hecho, es posible que una de las líneas de pensamiento más socorridas a la fecha, aquella que plantea un concepto “complejo” de democracia –y cuyo representante más emblemático probablemente sea el jurista Luigi Ferrajoli, aunque es más que posible identificar alguna aportación previa en la obra de Ernesto Garzón—, haya resultado tan fructífera precisamente gracias a la técnica perelmaniana que tiende a deconstruir un concepto para luego transformarlo. La estrategia puede resumirse de la siguiente forma: A no puede ser B porque A, en realidad, resulta de la suma de C y D; y así, en ningún caso B reproducirá aquello que A, en verdad, es.

El mencionado concepto “complejo” de democracia transita un camino más o menos similar a nuestra precaria ejemplificación. Lo que se nos dice es que de ninguna manera puede el mayoritarismo reflejar fielmente la democracia; esto es, el primero conforma pero no agota la segunda. Y ello así –se argumenta— porque la auténtica democracia no solo supone un conjunto de formas y procedimientos, sino que también precisa de determinados contenidos. De tal suerte que el concepto “verdadero” de democracia solo puede surgir a partir de la concurrencia de (I) las formas propiamente democráticas (regla de la mayoría, renovación periódica...) y (II) los contenidos sin los cuales la democracia no es democracia. En el segundo rubro se agrupan cuestiones conocidas por todos: igualdad y dignidad; voto universal, libre, directo y secreto; participación política plena e igualitaria; limitación del poder mediante ley; separación de poderes y frenos y contrapesos; y otros tantos condimentos y derechos individuales que se estiman como precondiciones de cualquier gobierno que presuma de ser democrático.

Parece, entonces, que en toda norma procedimental se encuentra latente algún valor moral que justifica (o legitima) en clave axiológica su ejecución. Y quizá por ello también tenga sentido la “cooriginalidad” planteada pioneramente por Habermas. Los derechos individuales que en la argumentación de Ferrajoli y compañía comportan precondiciones a la democracia deben su existencia, precisamente, a un ordenamiento jurídico construido por individuos que se reconocen entre sí como igualmente dignos, igualmente capaces e igualmente valiosos. Así, se deduce entonces que el derecho objetivo y el derecho subjetivo provienen de una misma raíz.

Todo esto viene a cuento solo porque me parece haber identificado algunas señales de derechización de nuestro gobierno y del discurso de algunos representantes electos, más o menos lastimosa dependiendo de la acera desde la cual se mire. Al margen del problema de la prostitución conceptual padecida por las categorías “derecha” e “izquierda” (prohijada, solo diré, tanto por la ampliación del discurso liberal como por la atomización del lenguaje conservador, que anuncia una profunda crisis discursiva), la idea a retener es que todo proceso de derechización, al menos desde el foco que traza el concepto contemporáneo de democracia, plantea algún riesgo para aquellas precondiciones. Porque si las reglas que ordenan la conducta social (las leyes) se alejan de los principios que nutren el sistema democrático (por ejemplo, la igualdad y la dignidad), entonces el sistema per se cabalga hacia otra cosa que no necesariamente merece ser llamado “democracia”, aun cuando permanezcan vigentes las formas llamadas a canalizar y equilibrar el sistema.

Entre nosotros, este tránsito hacia la derecha se viene dando, me parece, no solo por el tinte de algunas acciones ejecutivas, sino también, y acaso primordialmente, ante el color de los contenidos que se barajan en determinadas medidas propiamente legislativas, entre ellas, por ejemplo, la modificación al Código penal. Hablo pues de derechización porque me quedan pocas dudas de que muchas de las formulaciones contenidas en este último se miran en el espejo del discurso de la derecha tradicional, de la derecha de los “valores convencionales”, de la derecha que poco tiene que ver con el banco de ideas de los sectores más liberales de nuestra población y que se arrima –quizá, pero solo quizá, un poco demasiado— a la farragosa sopa de letras que conforma el discurso más genuinamente conservador de nuestros días.

Hay que decir que invocar el beneficio de la duda en un escenario como este puede que no sea suficiente, pues semejante táctica necesariamente implicaría –al menos si se asume con seriedad— echar la vista atrás y comprobar que muchas de las causas que hizo suyas el partido hoy en el gobierno para colectar apoyos de cara a las elecciones del 5 de julio sí se identificaban con ideales fundamental e indiscutiblemente liberales, ideales que, insisto, a día de hoy no parecen quedar reflejados en las medidas legislativas que están en marcha, o incluso en la propia dinámica político-partidaria que se impulsa desde los principales focos de poder un día sí y otro también.

Digamos entonces, al menos por el momento, que pululan en el aire algunas señales de derechización que conviene no pasar por alto. Porque parece –de nuevo, al menos hasta ahora— que de lo que se trata es de una aproximación de la Administración y de algunos representantes electos afines a ella hacia valores y posturas asociadas en lo esencial con principios y, sobre todo, actitudes discursivas propias del reino de la “derecha”; posicionamientos que es dable suponer, a partir de los compromisos y propuestas programáticas enarboladas por el partido hegemónico durante la última campaña, que habrán de ser ajustados, corregidos o abandonados sin más cuando llegue el momento decisivo.

En fin, hay algo de populismo y conservadurismo que convendría despejar desde ya, porque solo así se evitará reflejar valores que mucho tienen que ver con las derechizaciones europeas de nuestros días (ultraderechismos al margen) y que poca o ninguna relación guardan con el bagaje moral de cierta franja del electorado que en el último torneo apoyó, acaso de forma determinante, al partido hoy en el gobierno.

Quizá engaña el revoloteo en redes sociales. No es descartable: tal es el efecto de la amplificación. Creo, en cualquier caso, que esto no cancela lo explicado ni matiza su verificación, le pique a quien le pique.

Pedro J. Castellanos Hernández

Pedro J. Castellanos Hernández es licenciado en Derecho, con experiencia y especialización en derecho constitucional, administrativo y electoral. Es articulista y ensayista. Combina su ejercicio con la docencia.